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En Argentina, la gestión de los recursos naturales le corresponde a cada una de las provincias donde estos recursos se encuentran.
Además de la Constitución Nacional, que rige la libertad de las provincias para con el litio, está el Código de Minería, y surge como pieza clave la Ley de Inversiones Mineras. Este instrumento legal se creó con el objetivo central de fomentar la inversión minimizando los riesgos empresariales en las etapas iniciales y asegurando además la estabilidad tributaria durante un extenso período de 30 años.
Las provincias trabajan en la implementación de políticas que condicionan el acceso a los recursos naturales y la continuidad de las concesiones al cumplimiento de ciertos estándares que benefician directamente a las comunidades en torno al proyecto. A través de estas políticas, se busca impulsar la formación de conexiones productivas locales, evitando la formación de enclaves mineros aislados.
Argentina forma parte del “Triángulo del Litio”, una zona conformada junto a Chile y Bolivia en la que se concentra el 65% de los recursos mundiales de litio. Este dato suele darse a conocer muy a menudo, debido a la trascendencia que tiene el litio en el mundo actual y el impulso que la producción de este mineral le está dando al país.
Es que el litio es un insumo necesario para la producción de las baterías que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energía. Por ello, los ojos del mundo están puestos en este Triangulo, fuente-núcleo de uno de los minerales más buscados en la transición energética.
Y aunque al hablar del litio se suele mencionar a la zona en general por una cuestión del volumen de la capacidad productiva, lo cierto es que cada país tiene la potestad de administrar este recurso natural de la manera que le sea más conveniente.
En Argentina, el manejo de los recursos naturales pertenece a cada una de las provincias donde estos recursos se encuentran. Sin embargo, esto no significa que las provincias cuenten con absoluta autonomía para administrar este tipo de recursos debido a que algunas normativas y decisiones dependen de lo que el gobierno nacional permita a las provincias hacer.
Para comprender cuáles decisiones le corresponden a la Nación y cuáles a cada una de las provincias, es importante entender el marco normativo debido a que es este el que diferencia las potestades. La Constitución Nacional, el Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras, son los tres grandes elementos que conforman el marco legal sobre el que se delimita la gobernanza multinivel del litio, manifiesta el documento de la organización Fundar, liderado por el matemático Sebastián Ceria.
La Constitución Nacional desempeña un rol primordial en la dirección de la actividad minera en el país. El artículo 124, que fue reformado en el año 1994, reafirmó la autoridad originaria de las provincias sobre los recursos naturales presentes en sus territorios. A través de esta reforma, las provincias confiaron en el Congreso de la Nación la facultad de establecer los códigos fundamentales, entre ellos el Código de Minería. Así, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y el Código de Minería, las administraciones provinciales son las autorizadas para conceder concesiones mineras.
En paralelo al Código de Minería, surge como pieza clave la Ley de Inversiones Mineras. Este instrumento legal se creó con el objetivo central de fomentar la inversión minimizando los riesgos empresariales en las etapas iniciales y asegurando además la estabilidad tributaria durante un extenso período de 30 años.
Por otra parte, tampoco se puede dejar de lado la gestión ambiental de las actividades productivas. Para realizar un contrapeso con la gestión provincial de los recursos naturales, a través del artículo 41 de la Carta Magna se estipula que le “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Estrategias provinciales
Las distintas provincias argentinas que contienen zonas de exploración de litio, como Salta, Jujuy y Catamarca, han impulsado diferentes iniciativas para obtener de dicha actividad beneficios para su estructura, economía y comunidades.
Una de las tácticas ha sido la implementación de políticas que condicionan el acceso a los recursos naturales y la continuidad de las concesiones al cumplimiento de ciertos estándares que benefician directamente a las comunidades en torno al proyecto. A través de estas políticas, se busca impulsar la formación de conexiones productivas locales, evitando la formación de enclaves mineros aislados.
Otra de las formas de participación de las provincias en la actividad minera, es a través de la creación de empresas públicas. Estas organizaciones, mayoritariamente controladas por el Estado, adoptan diversas estructuras legales, desde empresas estatales hasta sociedades anónimas con participación mixta o completamente estatal. Este marco legal flexible, conforme al Código, habilita la participación del Estado en la minería en sus múltiples formas. En el noroeste argentino (NOA), que alberga recursos de litio, surgieron empresas provinciales entre 2008 y 2012, como JEMSE en Jujuy, REMSa en Salta y CAMYEN en Catamarca.
Otra estrategia importante de participación provincial y gobernanza del litio, tiene que ver con la formación de instrumentos interinstitucionales. Un ejemplo de ello es la formación del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu). Esta entidad, resultado de una colaboración entre el CONICET, la Universidad Nacional de Jujuy y la provincia de Jujuy, se enfoca en dos ejes fundamentales. Por un lado, explora tecnologías eficientes y sostenibles para la extracción y procesamiento del litio, y por otro, impulsa aplicaciones que aporten valor a este recurso primordial.
Otro ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual ofrece servicios para la adaptación de pequeñas empresas a los estándares de seguridad y calidad necesarios en la industria minera, facilitando así su integración a la actividad.
Ganancias en números y porcentajes
Aunque las provincias son las titulares de los recursos naturales, carecen de control sobre las cuestiones vitales, como por ejemplo las de carácter impositivo y de fomento productivo y tecnológico.
En el contexto nacional, más del 75% de los ingresos vinculados a los proyectos de litio están destinados a impuestos nacionales, por lo que las provincias recaudan alrededor de un 15% del total de dichos ingresos.
Por otro lado, y en tanto a las regalías provinciales, su potencial para impulsar la generación de capacidades productivas y tecnológicas está actualmente restringido, debido a que esos fondos se destinan mayormente a proyectos de infraestructura general y servicios esenciales.
Bajo este panorama, las herramientas para promover el desarrollo productivo y tecnológico dependen en gran medida del Gobierno nacional, que centraliza los recursos públicos. Sin embargo, la eficacia de estas herramientas requiere de una colaboración más sólida entre diferentes niveles de Gobierno.
Si bien existen desafíos en términos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la necesidad de políticas estratégicas más integradas, también se vislumbran oportunidades significativas. La implementación de políticas de desarrollo productivo y tecnológico en torno al litio puede llevar a un crecimiento sostenible y a la generación de valor agregado en la cadena productiva.
En conclusión, la gobernanza del litio en Argentina es un escenario complejo y dinámico que involucra a múltiples actores, tanto a nivel nacional como provincial. La interacción entre el gobierno central y las provincias, sumada a la participación del sector privado, las comunidades locales y los organismos científicos, conforma una red de influencias y regulaciones que están determinando el rumbo de la industria del litio en el país.
