Autodeterminación: así es la libertad de las comunidades para elegir al litio

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La autodeterminación es un principio fundamental para las comunidades en Argentina, especialmente en las zonas con reservas de litio, como Jujuy, Salta y Catamarca. Antes de iniciar cualquier proyecto, las empresas dialogan con las comunidades locales y se realiza una consulta libre e informada. 

El consentimiento informado de las comunidades es un factor crucial para el desarrollo de estos proyectos, respaldado por acuerdos internacionales como el Convenio N°169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los derechos de los Pueblos Indígenas. 

La aceptación de las comunidades a la exploración y producción de litio permite desarrollo económico, generación de empleo, preogreso de infraestructuras y servicios, y la mejora de sus condiciones de vida. 

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

En el artículo 7 del “Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” se manifiesta un principio vital para las comunidades: la autodeterminación. Este valor corresponde un objeto fundamental para los pueblos a la hora decidir quién y cómo serán utilizadas las tierras que habitan. 

Por ende, ni las empresas, el Gobierno ni otras comunidades pueden decidir por ellos. Es clave comprender que la autodeterminación de cada comunidad consta en la posibilidad de poder decidir e incidir sobre el desarrollo del territorio en el que viven, sin verse condicionada por lo que ha determinado otra comunidad. 

Así como cualquier actividad, previo a cualquier acción sobre el terreno -sea de exploración o de explotación de litio- las comunidades deben ser informadas de manera libre. Sus miembros consultan, preguntan, participan de capacitaciones técnicas, y, luego de todo el proceso, dan o no su aval a los proyectos. 

En los últimos años, el litio ha tenido un crecimiento exponencial en el país y atrajo numerosas inversiones. De acuerdo a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros se estima que estas hoy oscilan entre los 4.500 y 5.000 millones de dólares. Actualmente, el país produce alrededor de 37.000 toneladas anuales de litio a partir de los proyectos en fase productiva.

Con el tiempo estos números irán en alza. No solo por la llegada de nuevas empresas especializadas al país (y el inicio de nuevos proyectos), sino también por el desarrollo de las energías renovables, con la movilidad eléctrica y la transición energética que buscan aminorar el cambio climático. 

Sin embargo, ninguna de las inversiones puede efectuarse si no existe el visto bueno de las comunidades. Por ello, los primeros participantes en la cadena de desarrollo son sus miembros, quienes -luego de ser consultados e informados libremente- deciden sobre los caminos a seguir.

Por su parte, las empresas acuerdan y acompañan el desarrollo sostenible de la extracción de litio y de las actividades originarias de las comunidades, también se impulsa la generación de consensos respecto de las inversiones a realizarse en el marco del valor compartido de la minería. De esta manera, tanto por necesidades operativas como por las demandas de las comunidades, las empresas brindan capacitaciones de empleo y seguridad laboral, realizan mejoras en la infraestructura (internet, ampliación de la red eléctrica, obras hídricas, salón de usos múltiples, caminos), llevan a cabo donaciones a la salud y educación pública, fomentan la creación de proveedores locales, etc.    

Finalmente, el Estado Provincial también cuenta con un rol importante en el desarrollo productivo. Además de corresponderle el dominio de los recursos originarios o naturales, los Estados regulan y controlan a las empresas, obligan al cumplimiento de la consulta libre e informada y a que las compañías cumplan con la Ley en los diferentes estadíos en los que se encuentre el proyecto. Por otra parte, dan respuesta a consultas de las comunidades y las acompañan, sea a través de capacitaciones como con asesoramiento. 

El comienzo

Las empresas inician conversaciones con las comunidades para dar a conocer el proyecto, los trabajos que realizarían y sus posibles impactos (económicos, ambientales, sociales). De igual forma, presentan un informe de impacto ambiental, siguiendo los diferentes pasos que exige la ley. 

Hay comunidades que ya han dicho que sí a diferentes proyectos industriales en sus tierras, incluso de litio. De esta manera, su decisión se avala en los diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Así como el artículo 15 del Convenio N°169 donde se afirma que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras “deberán protegerse especialmente” y que estos derechos “comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”, también la ONU lo afirma.

Cada comunidad consta con la posibilidad de poder decidir e incidir sobre el desarrollo del territorio en el que viven.

Según la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), en su artículo 4, se asegura que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, “tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”.

Existen numerosas razones que convencena estas comunidades a dar luz verde. Algunas son: el desarrollo económico, la generación de empleo, la mejora de infraestructuras y servicios,  la expectativa de potenciar sus condiciones de vida y la posibilidad de que los jóvenes tengan un futuro en las tierras que vieron crecer a sus abuelos. Es decir, su involucramiento y el ser parte del proyecto es el principal factor. 

Los miembros de las comunidades no sólo tienen la oportunidad de trabajar en el sector minero (siendo los salarios más altos del sector privado), sino que  también ven impulsadas sus actividades tradicionales, se abren nuevas instancias de desarrollo (como el turismo, servicios de comida y alojamiento) y hay un mejoramiento en su calidad de vida, a través de las obras de infraestructura en servicios públicos, de salud y educación. 

El caso de Jujuy

Siendo parte del Triángulo del Litio, Argentina tiene un territorio privilegiado para la producción de litio con tres provincias fuertemente potenciadas: Salta, Jujuy y Catamarca. Las dos últimas cuentan con proyectos en operación, mientras que en Salta hay una gran inversión en la construcción de las plantas productivas. De esta manera, estas zonas ya tienen experiencia en la vinculación con las comunidades. 

En el caso de Jujuy, cuenta con importantes reservas de litio y se ha convertido en un centro de atención para la extracción y producción de este mineral. Su potencial radica también en la aplicación de su reglamentación. Las comunidades de influencia directa de los proyectos son consultadas en forma previa, libre e informada. 

Esto último marca un importante punto de partida. En los encuentros informativos sobre el IIA, las comunidades tienen la posibilidad de elegir especialistas técnicos que los asesoren. Sus honorarios son costeados por las empresas y, lo que se busca, es la independencia de la información. 

Luego de realizados los encuentros informativos, la empresa presenta el informe de impacto ambiental a la comunidad reunida en asamblea, luego, ésta decide si avanza con el proyecto y fija sus condiciones. Éste último punto es muy importante, ya que los miembros acuerdan internamente qué parámetros se deben fijar para la relación entre la comunidad y la empresa, suelen ser temas relacionados a contratación de mano de obra, mejoras en las condiciones de vida e impulso al desarrollo sostenible de las actividades productivas.

Después, las comunidades participan de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), el organismo encargado de aprobar y realizar observaciones a los informes de impacto ambiental. Una vez autorizados los trabajos a realizarse en terreno, las comunidades son informadas de los próximos pasos y, además, participan activamente de los monitoreos ambientales. 

Esto permite que, ante cambios significativos de las variables medidas, las comunidades puedan reclamarle a la autoridad de aplicación.  Para estos, el Estado y las empresas brindan la capacitación necesaria, a fin de otorgarle herramientas a los miembros de la comunidad. 

Es por esto que, en Jujuy, a través de la Ley General del Ambiente, se indica que los Informes de Impacto Ambiental de proyectos mineros se someterán a consulta de las comunidades indígenas y superficiarios individuales del área de influencia directa, a través de distintas instancias de información, participación y consulta, que se completan y perfeccionan con la reunión de UGAMP coordinada por la Dirección Provincial de Minería (DPM). En este caso, es el Juez de Minas el que define cuál será la zona de influencia directa. 

Ya son muchas las comunidades que dijeron que sí a estos proyectos. Entre ellas se encuentran: 

• Susques
• Olaroz Chico
• Huáncar
• Puesto Sey
• Catua
• El Toro
• Pastos Chicos
• Paso de Jama 
• Coranzulí 
• San Juan de Quillaques 
• Lipán
• Quera y Agua Calientes
• Sausalito

Compañías como EXAR y Allkem se reúnen, conversan y planifican juntos el desarrollo de las diversas comunidades. Así es como implementan iniciativas que las fortalecen y potencian otras actividades. 

El momento de Catamarca

Catamarca es otra provincia con importantes yacimientos de litio. En esta también se ha impulsado la producción de este recurso. Actualmente en este territorio se desarrollan proyectos en las diferentes etapas: exploración, construcción/desarrollo y producción.

La mayoría de los proyectos se encuentran en el Salar del Hombre Muerto, Antofalla, El Peñón y Fiambalá. Los primeros ubicados en el departamento de Antofagasta de la Sierra y, el último, en Tinogasta. Entre los que más se destacan está Fénix, el proyecto de litio más antiguo del país. Comandada por la empresa Livent, esta iniciativa tuvo el aval de las comunidades que aprobaron la exploración y producción del litio. 

Antes de comenzar esta nueva propuesta de expansión, la empresa realizó un proceso de Participación Ciudadana, consulta y audiencia pública mediante el cual se presentó el Informe de Impacto Ambiental proyecto Fénix ante más de 150 miembros de las comunidades antofagasteñas. 

El encuentro reunió a representantes de las comunidades de Los Nacimientos, El Peñón, La Aguadita, Antofalla, Ciénaga Redonda y la Villa de Antofagasta. Los delegados participaron y tomaron la palabra para manifestarse a favor de aprobar el proyecto de expansión.

Su aceptación vino acompañada con la solicitud de propuestas que beneficien al departamento, como la contratación de mano de obra local, capacitaciones, un fortalecimiento de los aportes económicos para obras y medidas para proteger los recursos naturales de la región. 

Así es como los casos de Jujuy y Catamarca ilustran cómo se busca conciliar la producción del litio con la protección del ambiente y la participación de las comunidades locales en los beneficios económicos. La autodeterminación del territorio, reconocida por el Convenio 169 de la OIT, entre otros acuerdos y reglamentaciones, garantiza el derecho de cada comunidad a decidir sobre el desarrollo y uso de los recursos naturales en su territorio.