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En busca de controlar con más rigurosidad y detalle la actividad del litio, en Argentina y en el mundo, surgen certificaciones que buscan regular los distintos proyectos.
Una de las más relevantes es la Initiative For Responsible Mining Assurance o Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA), que evalúa el desempeño social y ambiental de las empresas dedicadas a la extracción de litio y que está siendo aplicada en el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca.
IRMA promueve un cambio hacia prácticas mineras sostenibles y responsables, basándose en cuatro principios fundamentales: Integridad de la Empresa, Planeación y Gestión de Legados Positivos, Responsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental.
La certificación requiere auditorías externas para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y mantengan un compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades locales, minimizando su impacto ambiental.
Desde hace tiempo, cuando se habla de litio, se habla de sostenibilidad. La evolución y la consciencia ambiental de quienes forman parte de la actividad trajo consigo una serie de acciones y controles que ayudan a la industria a ser más amigable con el medio ambiente. A estas suman los diversos marcos y regulaciones que se desarrollan en Argentina y el mundo para garantizar una producción sostenible del mineral.
Una de las certificaciones más importantes es la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA), enfocada en medir el desempeño social y ambiental de las empresas de litio. Por su rigurosidad, este estándar es consultado por distintas compañías para garantizar el aspecto sostenible de su producción.
IRMA: importancia y fundamentos
La iniciativa apunta a un cambio en la forma de hacer minería, enfocada en un proceso productivo sustentable que genere un impacto positivo a nivel social y ambiental.
El estándar IRMA supone un marco para desarrollar procesos responsables en la cadena de valor de todo el ciclo minero. Esta certificación contribuye mediante un análisis de 26 materias y está fundamentado en cuatro principios: Integridad de la Empresa, Planeación y Gestión de Legados Positivos, Responsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental.
- Integridad de la Empresa: el objetivo es que las compañías operadoras realicen sus negocios de manera transparente y según la legislación nacional e internacional aplicable de cada país. Se espera que respeten los derechos humanos y generen confianza y credibilidad para los trabajadores, las comunidades y los diferentes actores sociales.
- Planeación y Gestión de Legados Positivos: se espera que las empresas operadoras se relacionen con los actores sociales desde las etapas tempranas de exploración y a lo largo de todo el ciclo minero. Esto es para que los proyectos sean gestionados con el objetivo de entregar un legado económico, social y ambiental positivo.
- Responsabilidad Social: las compañías deben comprometerse con los trabajadores, actores sociales y titulares de derechos para mejorar la salud, seguridad, calidad de vida y valores culturales.
- Responsabilidad Ambiental: quienes operan deben participar con otros actores sociales para asegurar que la minería se lleve a cabo de manera que conserve y refuerce los valores ambientales de cada lugar y minimice el impacto tanto al medioambiente como a las comunidades locales.
IRMA en el Salar del Hombre Muerto
El Aseguramiento de la Minería Responsable surgió de una alianza entre diversos actores involucrados en la minería: empresas, ONGs, comunidades locales, sindicatos y entidades financieras.
La certificación consiste esencialmente en el desarrollo de una auditoría externa que evalúe el cumplimiento de diferentes requisitos en materia de responsabilidad ambiental, social e integridad empresarial. Su resultado refleja el desempeño de la compañía en una escala de 0 a 100.
La organización Fundar compara la normativa IRMA con leyes nacionales, como la Ley General de Ambiente, y provinciales, como la resolución 74/2010, y pone el foco en que se parecen bastante en cuanto a la evaluación del impacto ambiental.
Un punto de divergencia entre ambas se da en cuanto a la participación ciudadana y comunitaria: mientras que la legislación pública se basa principalmente en instancias de consulta a las comunidades locales, IRMA exige involucramiento y solicita expresamente el consentimiento de los pueblos para poder operar.
