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La Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, otorgándoles la autoridad para gestionar la exploración y explotación del litio.
Comunidades como Lipán, Rinconadillas y Fiambalá, y otras tantas de Jujuy, Salta y Catamarca,han participado activamente en procesos de diálogo con empresas y el Estado, promoviendo proyectos de litio que respetan sus necesidades y prioridades locales.
Estos acuerdos generaron oportunidades de formación, empleo y desarrollo económico en regiones anteriormente postergadas, demostrando el potencial del litio para impulsar el crecimiento sostenible.
Argentina, como parte del Triángulo del Litio, proyecta un aumento del 75% en la producción de carbonato de litio equivalente para 2025, consolidándose como un actor clave en la transición energética global.
Argentina se encuentra en una posición estratégica en el escenario global del litio. Gracias a las reservas que posee en su territorio, el país enfrenta el desafío y la oportunidad de desarrollar una industria que respete la propiedad de los recursos y promueva el desarrollo sostenible.
El marco legal: propiedad provincial y concesiones mineras
En Argentina, la Constitución Nacional, a través del artículo 124, establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Este principio, conocido como «dominio originario», implica que cada provincia es la propietaria de los recursos existentes en su territorio, y por lo tanto tiene la potestad de regular su aprovechamiento, otorgar concesiones mineras y participar en los beneficios que se deriven de su explotación. Este principio de federalismo permite que cada provincia gestione sus recursos de acuerdo con sus necesidades y prioridades locales.
Este modelo federal permite una gestión más cercana a las realidades y prioridades locales, y representa una herramienta clave para fomentar el desarrollo regional. En la práctica, las provincias -a través de sus secretarías de minería y empresas estatales- llevan adelante evaluaciones, otorgan permisos y definen políticas para el desarrollo del litio en diálogo con comunidades locales y empresas.
El Código de Minería argentino complementa este marco estableciendo que las concesiones otorgadas a empresas privadas no implican la transferencia de propiedad del recurso, sino el derecho a explorarlo y explotarlo bajo condiciones específicas y regulaciones ambientales.
Además, el Convenio 169 de la OIT, un tratado internacional, fomenta un modelo de minería responsable e inclusiva. Al establecer un marco para la consulta previa, libre e informada, y promover el desarrollo económico y social, las empresas pueden generar oportunidad de desarrollo para las comunidades locales, garantizando que la minería del litio sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
El papel activo de las comunidades
En este contexto, varias comunidades tomaron un rol activo en la toma de decisiones sobre proyectos de litio en sus territorios. Un ejemplo destacado es la comunidad de Lipán, en Jujuy, que ha participado en procesos de diálogo con empresas y el Estado para evaluar y consentir actividades de exploración. Este enfoque colaborativo ha permitido identificar prioridades locales y generar oportunidades de formación y empleo en el sector minero.
La directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, Sara Luna Camacho, visitó recientemente la comunidad de Lipán y destacó: “Hemos visto un caso de éxito de diálogo social, tripartito, en el que el gobierno, las empresas y las comunidades han hablado de manera constante para identificar cuáles son sus prioridades y cómo podemos ver el desarrollo económico del sector minero en esta comunidad.”
Este modelo de participación y diálogo ha sido adoptado por otras comunidades en la región. La comunidad de Rinconadillas, por ejemplo, ha expresado su apoyo a proyectos de exploración de litio, reconociendo las oportunidades económicas y de desarrollo que estos pueden ofrecer, especialmente en áreas aisladas y con recursos limitados.
En Catamarca, la comunidad de Fiambalá fue parte de iniciativas similares. La empresa YPF Litio, en asociación con la empresa estatal CAMYEN, presentó proyectos de exploración en la región, buscando desarrollar el potencial litífero de la zona con la participación activa de las comunidades locales.
De este modo, el recurso de la tierra en la exploración del litio pertenece a las provincias, que son las responsables de su gestión. En muchos casos, la participación y el acompañamiento de las comunidades locales han contribuido a generar entornos de diálogo y cooperación que favorecen un desarrollo más equilibrado y sostenible. Este modelo de articulación entre Estado, empresas y comunidades viene mostrando resultados alentadores en varias regiones del norte argentino.
