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Cuatro trabajadores vinculados con yacimientos de litio operados por Rio Tinto permanecieron varados durante tres noches en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Dos de ellos quedaron dentro de una camioneta inmovilizada por la nieve y los cuatro fueron encontrados con vida tras un operativo realizado en condiciones meteorológicas extremas.
El episodio motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Catamarca. La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo provincial informe, en un plazo de 30 días, qué controles se realizaron antes del invierno, si la circulación y las tareas fueron autorizadas bajo alerta meteorológica y qué planes de evacuación y contingencia estaban vigentes.
El pedido también busca saber si se iniciaron actuaciones o sanciones contra la empresa operadora y si existe una coordinación formal entre los organismos responsables de fiscalizar los yacimientos. Además, propone discutir la implementación de un operativo de invierno para la minería de alta montaña, similar al que funciona en San Juan.
El rescate de cuatro trabajadores que permanecieron aislados durante más de tres noches en la Puna catamarqueña abrió una serie de interrogantes sobre las condiciones en las que circulaban y los controles aplicados antes del temporal. El episodio ocurrió en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, dentro de un área donde se encuentran yacimientos de litio operados por Rio Tinto.
Los trabajadores quedaron varados en medio de una fuerte nevada. Dos de ellos permanecieron dentro de una camioneta inmovilizada mientras la acumulación de nieve dificultaba el ingreso de los equipos de emergencia. Finalmente, los cuatro fueron encontrados con vida después de un operativo que debió avanzar en condiciones meteorológicas extremas y con los caminos bloqueados.
Una vez concluido el rescate, el caso llegó a la Cámara de Diputados de Catamarca. Un proyecto de resolución presentado por el diputado Mamerto Acuña busca que el Poder Ejecutivo provincial informe qué fiscalizaciones se realizaron, cuáles eran los planes de contingencia vigentes y si la circulación y las tareas fueron autorizadas a pesar de las alertas meteorológicas. La iniciativa también abre una discusión sobre si Catamarca necesita un operativo específico para ordenar la actividad minera en alta montaña durante el invierno.
La Legislatura lleva el accidente al Poder Ejecutivo
El proyecto propone dirigirse al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Trabajo y del Ministerio de Minería. Ambos organismos tendrían un plazo de 30 días para responder siete puntos vinculados con el accidente y con las condiciones generales de seguridad en los yacimientos ubicados en zonas de alta montaña.
La iniciativa se encuentra en instancia legislativa y necesita el acompañamiento de la Cámara para ser aprobada como resolución. Su objetivo es que las autoridades provinciales detallen qué medidas adoptaron antes y después del episodio, en el marco de las facultades de fiscalización que la Constitución de Catamarca reconoce al Poder Legislativo.
En los fundamentos, Acuña sostiene que lo ocurrido en el Salar del Hombre Muerto no debería analizarse como un caso aislado. El texto recuerda que, en 2024, un convoy de 95 trabajadores del proyecto Tres Quebradas, operado por Zijin-Liex, quedó varado durante más de quince horas en el paraje Los Aparejos. El grupo se encontraba a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar y debió atravesar temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero.
Según el proyecto, después de aquel episodio, la Legislatura ya había señalado la necesidad de reforzar los controles y los procedimientos de seguridad para la actividad minera en condiciones climáticas extremas. Por ese motivo, uno de los puntos solicita que los ministerios expliquen qué seguimiento hicieron y cuáles fueron las medidas correctivas adoptadas a partir de ese antecedente.
Qué controles y protocolos quedaron bajo la lupa
Una de las principales preguntas apunta a las inspecciones efectuadas antes del comienzo del invierno de 2026. El pedido busca conocer qué controles, inspecciones y fiscalizaciones realizó el Ministerio de Educación y Trabajo sobre los planes de contingencia, la autonomía logística y los protocolos de seguridad de los proyectos ubicados en el Salar del Hombre Muerto y en otros sectores de alta montaña.
A su vez, el proyecto pide un informe detallado sobre las decisiones tomadas durante los días previos al accidente. En particular, busca establecer si la circulación de vehículos y las tareas fueron autorizadas durante una alerta meteorológica, y si existían planes de evacuación y autonomía de insumos certificada previamente por la autoridad provincial.
Otro punto está relacionado con las posibles consecuencias administrativas. La Cámara busca determinar si los organismos competentes iniciaron actuaciones, sumarios o sanciones contra la empresa operadora. También consulta qué respuesta tuvo el pedido de investigación formulado por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que reclamó revisar el cumplimiento de las medidas de seguridad ante las alertas por condiciones extremas.
Por otro lado, la iniciativa pregunta si existe un mecanismo formal de coordinación entre el área laboral y el Ministerio de Minería para inspeccionar de manera conjunta los yacimientos. También solicita información sobre la articulación con los municipios y las comunas del oeste catamarqueño, que suelen intervenir cuando las emergencias ocurren en lugares alejados de los principales centros urbanos.
A esto se suma un pedido para conocer qué empresas operan actualmente en zonas de alta montaña y cuáles cuentan con planes de contingencia invernal aprobados. Esa información permitiría determinar si los requisitos se aplican con criterios comunes o si cada compañía organiza sus medidas preventivas de manera independiente.
El debate por un operativo de invierno para la alta montaña
El último eje del proyecto apunta a saber si Catamarca cuenta con un procedimiento específico y unificado para la minería de alta montaña ante nevadas, vientos intensos y bajas temperaturas. En caso de que exista, los ministerios deberán presentar la normativa que lo regula e indicar cuándo comenzó a aplicarse.
Como referencia, el texto menciona el “Operativo Invierno” vigente en San Juan. Según los fundamentos de la iniciativa, ese esquema comienza el 1° de mayo de cada año y contempla medidas preventivas frente a temporales severos. Durante el último evento climático, empresas vinculadas con los proyectos Veladero, Vicuña y Los Azules suspendieron preventivamente las tareas, desmovilizaron personal y garantizaron una autonomía logística de entre 20 y 25 días.
La comparación abre la posibilidad de establecer en Catamarca un sistema provincial con pautas comunes para las operaciones invernales. El planteo incluye aspectos como los criterios para suspender traslados, la disponibilidad de alimentos y combustible, los medios de comunicación, las rutas de evacuación y la coordinación con los organismos que participan en los rescates.
Si el proyecto es aprobado, la respuesta del Poder Ejecutivo deberá aclarar si esas herramientas ya existen, cómo se controlan y qué ocurrió en los días anteriores al accidente. El pedido legislativo también busca determinar si las advertencias realizadas después del caso de Tres Quebradas derivaron en cambios concretos o si continúan pendientes medidas para reducir los riesgos durante los temporales en la Puna.
