Los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca formalizaron la creación del Comité Regional de la Región Minera del Litio. El objetivo central apunta a unificar criterios tributarios, atraer financiamiento internacional y coordinar las obras de infraestructura que demanda el crecimiento de la industria en la Puna.
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Las tres principales provincias productoras de litio de la Argentina dieron un paso clave en la unificación de sus políticas sectoriales durante un nuevo encuentro de la Mesa del Litio celebrado en San Salvador de Jujuy.
La jornada estuvo marcada por la oficialización del Comité Regional de la Región Minera del Litio, una estructura técnico-política diseñada para armonizar los marcos normativos, fiscales y operativos que rigen sobre los proyectos del noroeste argentino (NOA).
Los mandatarios provinciales Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) coincidieron en que el escenario de volatilidad internacional de los precios de los minerales exige dotar a la región de una seguridad jurídica homogénea.
El encuentro sumó por primera vez una fuerte impronta multilateral, con la participación de técnicos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL.
La presencia de estos organismos se alinea con la estrategia de los gobernadores para acceder a líneas de financiamiento internacional directas, orientadas a mitigar el déficit de infraestructura vial y energética que hoy condiciona el ritmo de desarrollo de las cuencas salinas.
La Mesa del Litio concretó un avance organizativo fundamental al poner en funciones al Comité Regional de la Región Minera del Litio. Este nuevo órgano técnico tiene el mandato expreso de coordinar aspectos tributarios y no tributarios entre las tres jurisdicciones, evitando la competencia fiscal interna y estableciendo una ventanilla de negociación unificada frente al Poder Ejecutivo Nacional y las cámaras empresariales.
La creación de este comité responde al diseño federal de la Constitución Nacional argentina, que establece que las provincias ejercen el dominio originario sobre sus recursos naturales.
Ante los debates recurrentes en el Congreso de la Nación sobre la posibilidad de declarar al litio como recurso estratégico nacional, las administraciones de Jujuy, Salta y Catamarca optaron por consolidar su propio bloque regional para retener la gobernanza real del sector.
La estructura sumó el soporte técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que actúa como el articulador técnico del espacio.
Además, la articulación incorpora directamente a las empresas energéticas y mineras estatales: JEMSE (Jujuy), REMSa (Salta) y CAMYEN (Catamarca). Estas firmas provinciales no solo participan como socias minoritarias en varios proyectos operativos, sino que también actúan como encargadas de fiscalizar el cumplimiento de los contratos de provisión local y de desarrollo de proveedores en cada territorio.
Las visiones de la Mesa: reglas claras y estabilidad jurídica
Durante las deliberaciones en el Hotel Altos de la Viña, los gobernadores fijaron las prioridades que guiarán la gestión del bloque en el corto y mediano plazo.
El mandatario jujeño, Carlos Sadir, actuó como anfitrión y focalizó su discurso en la sostenibilidad de la actividad. Remarcó que el posicionamiento de la región andina en la cadena global de valor de las baterías requiere un esquema de trabajo coordinado que integre al Estado, las operadoras mineras y las comunidades locales.
El eje, según la perspectiva de Jujuy, debe centrarse en asegurar la licencia social mediante un monitoreo ambiental transparente y una mejora palpable en las condiciones de vida de las poblaciones locales.
Por su parte, el salteño Gustavo Sáenz centró su intervención en la necesidad de ofrecer estabilidad regulatoria.
En un contexto en el que los inversores extranjeros analizan minuciosamente el riesgo regulatorio de la Argentina, Sáenz advirtió que el desarrollo de la minería de salmuera requiere inversiones de capital intensivo con plazos de recuperación que exceden ampliamente los ciclos políticos.
Por esta razón, instó a consolidar “políticas de Estado inamovibles” que actúen como un amortiguador frente a las crisis macroeconómicas del país, fijando reglas claras para las regalías y los incentivos fiscales.
Financiamiento multilateral e infraestructura
La postura de Catamarca, representada por Raúl Jalil, aportó una mirada macroeconómica orientada a la competitividad logística. Jalil destacó las ventajas operativas que introduce el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un instrumento normativo nacional que otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos que superen los montos mínimos de inversión establecidos.
Para Catamarca, el RIGI funciona como el catalizador definitivo para acelerar las iniciativas que se encuentran en fase de factibilidad técnica o construcción inicial.
Sin embargo, los tres gobernadores coincidieron en que el marco legal del RIGI debe complementarse con obras civiles urgentes. El crecimiento de los proyectos en la Puna ejerce una presión inédita sobre las rutas provinciales, las líneas de alta tensión y los gasoductos regionales. Ante la parálisis de la obra pública nacional, la Mesa del Litio recurrió a la banca multilateral de desarrollo.
La inclusión del Banco Mundial y el BID en las mesas de trabajo técnicos busca estructurar créditos directos a las provincias para financiar obras de conectividad vial y nodos energéticos, factores críticos para reducir los costos logísticos y mantener la competitividad de la salmuera argentina frente a los yacimientos de roca dura de Australia.
