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Alicia Chalabe es una abogada conocida por su oposición a proyectos de desarrollo en Jujuy y vinculada a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), institución con domicilio en Capital Federal.
Dice representar a comunidades aborígenes, pero algunas de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc han decidido, a través de asambleas, apoyar proyectos de litio. Tal es el caso de Rinconadillas, Lipán, Sausalito, entre otras.
Su rol quedó en el centro de la polémica tras revelarse que gestionó permisos para la exploración de litio en representación de la Cooperativa Mineros de Salinas Grandes Limitada.
Además, la cooperativa enfrenta críticas por presuntas irregularidades ambientales, como la falta de estudios de impacto y el uso de sal contaminada, poniendo en duda la transparencia de sus acciones.
Alicia Chalabe, nacida en El Carmen, Jujuy, Argentina, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Tucuman (UNT). Se presenta como abogada ambientalista y de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en contra del litio; sin embargo, algunas de las comunidades de la zona apoyan proyectos tales como Rinconadillas, Lipán, Sausalito y Quera y Aguas Calientes. Su discurso la llevó a ser respaldado públicamente por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una organización con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que respalda a las comunidades opositoras al litio (y a muchos otros proyectos de desarrollo) en Jujuy y otros lugares de la Argentina.
Doble discurso
La polémica surgió cuando se reveló que Chalabe, en representación de la Cooperativa Mineros de Salinas Grandes Limitada, solicitó permisos para explorar y potencialmente producir litio en las minas Don Pancho y Andrea, dentro de la misma cuenca donde promovía la resistencia minera.
Una investigación de Litio Argentina expuso que, durante una reunión de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) el 30 de julio de 2024, Chalabe admitió que el pedido de exploración de litio se hizo «para valorizar la cooperativa», lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la coherencia de su activismo.
Ante las críticas, Chalabe argumentó que su participación en la Ugamp fue exclusivamente como asesora legal de la cooperativa y que no tiene intereses personales en la explotación de litio.
Reveses judiciales y pérdida de apoyo
En el último año, la abogada también ha sufrido varios reveses judiciales. La Justicia rechazó recientemente un nuevo amparo presentado por Chalabe para frenar la actividad de Tecpetrol en la zona de Rinconadillas, Jujuy. Con este fallo, sumaron tres los intentos fallidos en menos de un año, todos impulsados sin el respaldo de las comunidades involucradas en los proyectos que dieron su visto bueno en asambleas e incluso publicaron cartas pidiendo que se respete su derecho de autodeterminación.
En su último revés judicial, el fallo, firmado por la jueza Marina Eliana Rondón, explicó que no se hizo lugar a la medida cautelar porque el pedido no fue impulsado por la comunidad directamente involucrada y no se comprobó daño ni urgencia para suspender la actividad.
La comunidad aborigen de Rinconadillas, de hecho, dio su apoyo al proyecto en una asamblea realizada el 21 de julio y emitió un comunicado rechazando injerencias externas.
Situaciones similares ocurrieron anteriormente con la comunidad de Lipán, donde Chalabe presentó dos cautelares para frenar la exploración en Mina Agonic. Ambas fueron rechazadas, ya que la propia comunidad había manifestado su apoyo al proyecto, pidió que se respete su decisión y rechazó la intervención de actores ajenos a su territorio.
Cada vez son más las comunidades que eligen representarse por sí mismas, informarse sobre los proyectos de litio y evaluar sus beneficios. Rinconadillas y Lipán han abierto canales de diálogo con empresas, mientras que otras comunidades como Sausalito, Quera y Aguas Calientes han otorgado su respaldo a iniciativas similares.
En este nuevo escenario, la estrategia de representación de Chalabe pierde fuerza frente a voces comunitarias que exigen ser escuchadas directamente. Su doble rol y los reiterados reveses judiciales debilitan su influencia, mientras crece el protagonismo de quienes eligen decidir por sí mismos el rumbo de sus territorios.
