Un reciente dictamen judicial en Catamarca ha desencadenado tensiones significativas dentro de la industria minera local, al resolver parcialmente una demanda presentada contra el Poder Ejecutivo en 2022. Este fallo, emitido tras dos años de inicio del litigio, surge en un contexto de conflictos salariales entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
El veredicto, que tiene repercusiones económicas considerables en la provincia, ha sido interpretado por el gobierno de Jalil como una respuesta directa a la disputa generada cuando el Ejecutivo concedió un aumento salarial del 15% al Poder Judicial en febrero, retroactivo a enero, en lugar del 35% exigido por los sindicatos judiciales.
Además de no satisfacer la demanda de incremento salarial, el gobierno de Jalil aplicó recortes del 20% en la plantilla política y una reducción del 30% en el presupuesto judicial, que había sido aumentado considerablemente en comparación con otros sectores.
El fundamento detrás de la demanda judicial fue planteado por la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, quienes solicitaron medidas cautelares para revocar las autorizaciones de proyectos mineros como el «Ampliación de proyecto Fénix» y «Sal de Vida», operados por empresas como Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto. Argumentaron la necesidad de evaluaciones de impacto ambiental interjurisdiccionales y acumulativas, así como la determinación de una línea base ambiental, con la participación de entidades gubernamentales y la comunidad originaria.
El caso, que pasó de la jurisdicción federal a la provincial en 2021, aborda proyectos que datan desde 1997 y afectan directamente áreas de importancia cultural para las comunidades originarias.
A pesar de la opinión inicial del Procurador sobre la incompetencia de la Corte provincial para resolver el caso, el tribunal decidió lo contrario, destacando la falta de evaluaciones ambientales integrales para los proyectos mineros en la región.
La sentencia ordena la suspensión de nuevos permisos y autorizaciones para proyectos mineros en la zona hasta que se realicen los estudios ambientales adecuados, lo que impactará significativamente en la industria minera local. Este fallo, aunque vinculado por el gobierno de Jalil a la disputa salarial con el Poder Judicial, compromete profundamente la actividad económica provincial, colocándola en una situación crítica bajo la administración central.
