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Los gobiernos de Salta y Jujuy intentaron avanzar con un estudio hidrogeológico para evaluar el comportamiento de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Para ello, solicitaron apoyo del Banco Mundial, pero la iniciativa fue frenada tras la oposición de 9 comunidades aborígenes que boicotean cualquier intento de desarrollo de actividades productivas en la zona.
Si bien fueron las comunidades aborígenes opositoras al litio las que, en pos de generar demoras, le solicitaron en 2019 a la Corte Suprema de la Nación que ordenara la elaboración de un estudio hidrogeológico en la zona, la última noticia es que nueve comunidades esgrimieron no haber sido consultadas para la confección del documento y lograron que el Banco Mundial suspendiera su participación en el proyecto.
Mientras esas 9 comunidades rechazan la exploración de litio, otras de la misma zona de Salinas Grandes y Guayatayoc han dado su apoyo a proyectos en sus territorios, tal como lo hicieron las comunidades aborígenes de Rinconadillas, Lipán, Sausalito, Quera y Agua Caliente. La división interna y la falta de una representación clara han generado un conflicto que sigue sin resolverse y una consecuente demora en proyectos que prometen llevar desarrollo a una zona históricamente postergada de la Argentina.
A pesar de los esfuerzos por realizar los estudios hidrogeológicos necesarios para evaluar cómo se comporta la cuenca de Salinas Grandes ante la exploración y desarrollo del litio, el Banco Mundial decidió suspender (no cancelar) su participación en el trabajo tras un reclamo de 9 comunidades aborígenes (de 38 que habitan en la zona).
La historia comienza en 2019, cuando algunas comunidades aborígenes opositoras al desarrollo del litio en la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su petición, exigieron la realización de estudios hidrogeológicos para evaluar el impacto ambiental del litio en la zona y la conformación de un comité independiente de especialistas.
En respuesta, los gobiernos de Salta y Jujuy propusieron la creación de la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes, con el objetivo de realizar un estudio integral de la región que pudiera garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales.
Para dar transparencia y respaldo técnico a la iniciativa, las provincias solicitaron el apoyo del Banco Mundial, que accedió a financiar una etapa preliminar del estudio. Sin embargo, en noviembre de 2024, una carta firmada por nueve comunidades opositoras (Santuario de Tres Pozos, Casabindo, Tambillo, Cochagaste, Aguas Blancas, San Francisco de Alfarcito, Tusaquillas, Pozo Colorado y El Angosto) expresó su oposición al proyecto.
Esto llevó al Banco Mundial a suspender provisoriamente su avance, alegando la necesidad de resolver el conflicto antes de continuar. “El Banco Mundial no canceló el proyecto sino que lo dejó en suspenso”, aseguró a Litio Argentina una fuente vinculada al trabajo a realizarse.
En la misma cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, por su parte, las comunidades aborígenes de Rinconadillas, que dio su aval a la empresa Tecpetrol, Lipán (Lition Energy), Sausalito sí está de acuerdo con los avances de tareas para la exploración de litio en las tierras que habitan.
Vale recordar que no son las únicas comunidades aborígenes que están de acuerdo con la actividad de exploración y producción de litio: algunos kilómetros al oeste de esta zona en cuestión, las comunidades de Susques, Olaroz Chico, Huáncar y otras siete más apoyaron y hoy se ven beneficiadas con las actividades de Sales de Jujuy y Exar, que producen carbonato de litio en la cuenca de Olaroz-Cauchari.
La cronología del conflicto muestra los vaivenes de la discusión
En 2020, la provincia de Jujuy ya había intentado realizar un estudio hidrogeológico con la Universidad Nacional de Jujuy, pero las mismas comunidades opositoras que habían solicitado el amparo lo rechazaron.
En marzo de 2023, la Corte Suprema ordenó a las provincias y al Estado Nacional entregar información detallada sobre los proyectos de litio en la cuenca. En octubre de ese mismo año, Salta y Jujuy firmaron un acuerdo interprovincial para coordinar esfuerzos y cumplir con las exigencias judiciales y crearon la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes.
En agosto de 2024, acordaron con el Banco Mundial realizar un estudio preliminar de gabinete, sin exploraciones de campo. Pero en noviembre llegó la carta de oposición de un grupo reducido de comunidades. En enero de 2025, el Banco Mundial suspendió su apoyo y en febrero la decisión se hizo pública.
El estudio hidrogeológico propuesto por el Banco Mundial no implicaba actividades extractivas ni intervención en territorio. Se trataba de un relevamiento de información preexistente, que serviría como base para futuros estudios. Paradójicamente, este informe era una respuesta directa a la demanda de las comunidades opositoras que, en 2019, habían solicitado esos datos. No obstante, un sector de esas mismas comunidades opositoras rechazó la iniciativa, argumentando que no habían sido consultadas.
El conflicto revela una profunda división interna. Mientras algunas comunidades se oponen a cualquier tipo de desarrollo minero, otras han decidido respaldar proyectos en sus territorios.
Ejemplos de esto son Rinconadillas, que dio su aval a Tecpetrol para explorar en la Laguna de Guayatayoc y Lipán, que apoyó el proyecto de Lition Energy en Salinas Grandes. A ellas se suman otras comunidades que ya han avanzado en la decisión de acompañar el desarrollo de la actividad minera y otras tantas que están empezando a dar el debate interno.
Estas decisiones muestran que, a pesar de las tensiones, hay comunidades que ven en la industria del litio una oportunidad de desarrollo para una región históricamente postergada como la Puna.
