La Primera Cumbre Intercultural Andina, un evento auspiciado por Indian Law Resource Center (ILRC), dejó como conclusiones inconsistencias sobre la industria del litio en la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una mirada parcial de las comunidades y ninguna crítica al lugar donde efectivamente se produce litio en Jujuy desde 1997. El agua, un reclamo insólito e infundado
Durante la Primera Cumbre Intercultural Andina, se expresaron preocupaciones sobre la escasez de recursos hídricos, atribuyéndole incorrectamente al «uso desmesurado de agua» por las empresas de litio.
En primer lugar, en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, las actividades relacionadas con el litio se limitan actualmente a la exploración, no a la producción.
Las operaciones de exploración utilizan cantidades mínimas de agua, enfocándose en estudios geológicos y de viabilidad que no requieren grandes volúmenes hídricos. Este uso moderado y controlado desmiente cualquier alegato de agotamiento significativo de los recursos acuíferos locales.
Además, existe la ley que manifiesta el cuidado del uso del agua. En el artículo 23 de la ley General de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy, define los umbrales de los proyectos de exploración de litio, señalando que “no es necesario el uso de agua o su uso será sólo para trabajos que se realicen, no permitiéndose ensayos de bombeo ni tomas de muestras de agua de volúmenes superiores a los cincuenta litros por unidad”.
En la provincia de Jujuy, más precisamente en la Cuenca Olaroz Cauchari se produce litio desde 1997 a través del proyecto Sales de Jujuy, que actualmente está controlado por Río Tinto (antes Arcadium y antes Allkem). Incluso, en 2021 entró en producción Exar, ubicado en la misma cuenca, y ya produce 25.000 toneladas de litio al año.
Al igual que todos los proyectos de litio en marcha, estos proyectos cuentan con la validación de las comunidades de Susques, Olaroz Chico, Huáncar, Puesto Sey, Catua, El Toro y Pastos Chicos. En esta zona no existen reclamos por el agua, ni por parte de las comunidades, ni por parte de ambientalistas ni ninguna otra organización.
Los controles del Estado
Otros de los reclamos inválidos de la cumbre fue la ausencia de los gobiernos que “no tienen control” sobre los proyectos. Esto se refuta con los constantes monitoreos ambientales participativos que llevan adelante los gobiernos para controlar y gestionar mejor los proyectos.
Así lo confirmaba en entrevista con Litio Argentina, Pablo Bergese, Ingeniero Químico especializado en control y fiscalización ambiental: “La industria del litio que tenemos en Argentina, que se produce a través de la salmuera, tiene un impacto relativamente bajo con respecto a otras industrias. Al estar en el centro de las miradas de la sociedad, las comunidades y los gobiernos, este rubro tiene una serie de controles y protocolos muy estrictos que aseguran que los procesos de fiscalización sean transparentes y que se tomen medidas acordes para que el impacto sea mínimo. Esto hace que la industria del litio en la Argentina hoy sea una de las más sustentables dentro de lo que es la industria minera en general”, aclaró el ingeniero.
Por otra parte, específicamente en Jujuy, existen varias áreas del Gobierno que fiscalizan y controlan el cumplimiento de las obligaciones y competencias de la industria. Entre ellas se encuentran:
- Secretaría de Minería e Hidrocarburos
- Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
- Secretaría de Pueblos Indígenas
- Dirección de Recursos Hídricos
- Juez de Minas
- Ministerio de Trabajo y Empleo
Es decir, los diferentes proyectos deben cumplir con una gran cantidad de requisitos y protocolos que son examinados y corroborados por estas áreas.
A nivel ambiental, para contrarrestar los dichos de la Cumbre sobre “el desplazamiento de la fauna local debido a la infraestructura y ruido generados por las instalaciones y generadores de las empresas mineras”, existen diversos tipos de fiscalizaciones. En la Provincia se implementan dos modalidades de controles ambientales para supervisar los proyectos de litio: controles programados y fiscalizaciones espontáneas.
Los controles programados se llevan a cabo cada trimestre, mientras que las fiscalizaciones espontáneas son ejecutadas en cualquier momento sin una frecuencia fija, dependiendo de la decisión de los entes reguladores.
Las comunidades que dicen sí
Por último, otro de los reclamos realizados durante la cumbre fue sobre las consultas previas, libres e informadas a las comunidades indígenas. Es preciso aclarar que todos los proyectos que están en marcha cumplen con este paso, que está marcado en la ley; sin él no pueden conseguir las Declaraciones de Impacto Ambiental para arrancar los trabajos.
Incluso, hay comunidades en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que hace algún tiempo apoyan proyectos de litio.
En la Laguna de Guayatayoc, la comunidad de Quera y Agua Caliente apoyó durante el 2022 el trabajo de exploración que llevó a cabo Pluspetrol, en tanto que Sausalito acompaña los trabajos de esta misma empresa. En la misma zona, Rinconadillas mostró su respaldo a Tecpetrol para iniciar sus trabajos en el 2024.
Por su parte, Lipán también ha mostrado su respaldo a la empresa Lition Energy e incluso, frente a las acusaciones de terceros, apeló a su autonomía y publicó una carta pública en la que solicitó explícitamente que terceros respeten su decisión y autonomía, subrayando su derecho a participar de manera directa en las decisiones que afectan sus tierras y su modo de vida.
Además, diversas comunidades están tomando la iniciativa de informarse detalladamente sobre el litio y están mostrando apertura hacia las presentaciones realizadas por las empresas.
Estos hechos -y otros casos simulares – demuestran que, lejos de ignorar los derechos de las comunidades indígenas, la industria del litio asegura que todas las voces sean escuchadas y que los proyectos se desarrollen en un marco de respeto mutuo y beneficio compartido.
Además, en la Cuenca de Olaroz-Cauchari, las comunidades aborígenes de Susques, Olaroz Chico, Huáncar, Puesto Sey, Catua, El Toro, Pastos Chicos, Paso de Jama, Coranzuli y San Juan de Quillaques han apoyado los proyectos de Minera Exar y -ahora- Río Tinto (Antes Arcadium, Allkem y Sales de Jujuy).
