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Existen varias áreas específicas que fiscalizan y controlan el cumplimiento de las obligaciones y competencias de la industria. Entre ellas se encuentran: Secretaría de Minería e Hidrocarburos; Ministerio de Ambiente y Cambio Climático; Secretaría de Pueblos Indígenas; Dirección de Recursos Hídricos, Juez de Minas, entre otras.
La Provincia realiza dos controles ambientales a los proyectos de producción de litio: los programados y las fiscalizaciones puntuales o de oficio. Los primeros se realizan trimestralmente, mientras que los «puntuales», no tienen una periodicidad establecida y pueden ser realizados en el momento en que alguno de los organismos de control así lo determine.
Las comunidades tienen un papel fundamental en este monitoreo. Estas participan en los procesos de evaluación de los proyectos mineros de litio previo a su puesta en funcionamiento, así como de las renovaciones de los permisos ambientales, que se realizan en forma bianual, cuando se plantean nuevos trabajos.
La actividad del litio no es un proceso que nace de la noche a la mañana. Cuando una empresa decide instalarse en el país para explorar y producir el recurso, se pone en marcha un proceso largo.
Debe cumplir con una gran cantidad de requisitos y protocolos que serán examinados y corroborados por la provincia donde se encuentra trabajando. En esta oportunidad, hablando del caso de Jujuy, el gobierno promueve el desarrollo del litio no solo con su activa participación, sino también con su inspección.
Existen varias áreas específicas que fiscalizan y controlan el cumplimiento de las obligaciones y competencias de la industria. Entre ellas se encuentran:
- Secretaría de Minería e Hidrocarburos
- Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
- Secretaría de Pueblos Indígenas
- Dirección de Recursos Hídricos
- Juez de Minas
- Ministerio de Trabajo y Empleo
El medio ambiente, la prioridad
La sostenibilidad es un punto vital para garantizar que la industria esté accionando de la manera adecuada, cumpliendo los puntos clave que garantizan el cuidado del medio ambiente y de las comunidades.
A grandes rasgos, la Provincia realiza dos tipos de controles ambientales a los proyectos de litio: los programados y las fiscalizaciones puntuales o de oficio. Los primeros se realizan trimestralmente, mientras que los «puntuales» no tienen una periodicidad establecida y pueden ser realizados en cualquier momento que alguno de los organismos de control así lo determine.
Por ejemplo, recientemente, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a través de la Secretaría de Calidad Ambiental, realizó una nueva edición de los monitoreos participativos ambientales en la empresa minera EXAR en el Salar de Olaroz-Cauchari, en la Puna de Jujuy.
En esta oportunidad, se realizaron mediciones de calidad de aire, de suelo y de agua, tanto superficial como subterránea, así como análisis limnológicos, de flora y de fauna, entre otros parámetros. Sumado a esto, se incluyeron tomas de muestras en el Río Rosario, en la vega de Olaroz y en la vega de Archibarca, para controlar el estado de estos cursos de agua.
“El estado provincial participa de estos monitoreos para asegurar que los procesos sean llevados a cabo de manera correcta. Se trata de una práctica usual, para garantizar una industria minera sustentable y acorde a la normativa ambiental vigente, y respetuosa de la naturaleza y de las poblaciones aledañas a los proyectos”, afirmó en un comunicado el secretario de Calidad Ambiental, Pablo Bergese.
En este tipo de monitoreo se realizan también diversas recorridas por las instalaciones de la planta de producción de carbonato de litio, con el objetivo de fiscalizar que se cumplan con todos los estándares ambientales en cuanto a emisiones, residuos, ruidos ambientales, entre otros, establecidos por la normativa vigente.
El rol de las comunidades
El trabajo no se realiza en soledad. Las comunidades tienen un papel fundamental en este monitoreo. Estas participan en los procesos de evaluación de los proyectos mineros de litio previo a su puesta en funcionamiento, así como de las renovaciones de los permisos ambientales, que se realizan en forma bianual, cuando se plantean nuevos trabajos.
Las comunidades son parte de los procesos de evaluación a través de los ‘Informes de Impacto Ambiental de los proyectos mineros’, reuniones consultivas y evaluativas, que forman parte de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP).
Del mismo modo, participan de los monitoreos ambientales participativos trimestrales. Así es como, en el lapso de dos años, para una sola empresa, las comunidades participan en 10 eventos relacionados con el control y la fiscalización ambiental como mínimo. A estos, se incluyen las inspecciones de oficio o las derivadas de alguna denuncia, en las que son invitadas a participar.
El caso anteriormente mencionado, por ejemplo, contó con la participación de comunidades originarias de la zona de influencia de la empresa. Entre ellas se destacaron Puesto Sey, El Toro y Huáncar.
Es decir, las comunidades son invitadas indefectiblemente a todos los monitoreos participativos llevados a cabo por las industrias mineras. Queda a determinación y decisión de ellas su participación o no de la instancia de control. Esta declaración se puede confirmar en el artículo 27 y 28 del Decreto 5772 y artículo 98 del decreto 7751. En el caso de los controles puntuales, se dan por denuncias o pedidos de miembros de las comunidades.
Sumado a todo esto, las comunidades tienen la facultad de requerir información asociada con algún proyecto determinado las veces que sea necesario y sin necesidad de justificación alguna, en el marco del acceso a la información pública ambiental.
