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Argentina y Chile reactivaron en julio de 2026 la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera. El acuerdo, firmado en 1997, permite establecer condiciones específicas para proyectos que necesitan mover trabajadores, equipos e insumos o utilizar infraestructura a ambos lados de la Cordillera.
Para el litio argentino, esta cooperación puede mejorar la conexión de la Puna con los pasos de Sico y Jama, las redes energéticas y los puertos del norte chileno. Las obras previstas en la Ruta Nacional 51 y el uso de corredores hacia el Pacífico podrían ampliar las alternativas logísticas de los proyectos de Salta y Jujuy.
El tratado también puede abrir oportunidades para proveedores e inversores, aunque su aplicación requiere agilizar las autorizaciones, coordinar organismos de ambos países y atender las diferencias de costos. El objetivo es que la frontera deje de sumar demoras a las operaciones mineras.
La Cordillera de los Andes separa a Argentina y Chile, pero también conecta regiones con actividad minera y vínculos comerciales. Para los proyectos de litio de la Puna, esa cercanía abre alternativas de acceso a servicios, energía y puertos del Pacífico.
Buena parte de esas posibilidades se apoya en el Tratado de Integración y Complementación Minera. El acuerdo fue creado para ordenar proyectos que necesitan realizar actividades a ambos lados de la frontera y coordinar cuestiones que una empresa no puede resolver por cuenta propia.
En julio de 2026, ambos países reactivaron la comisión encargada de administrarlo. El impulso inmediato provino de nuevos proyectos cordilleranos, varios vinculados al cobre, pero la discusión también alcanza al litio argentino por su ubicación, su crecimiento productivo y su dependencia de una logística eficiente.
Qué es el Tratado de Integración y Complementación Minera
Argentina y Chile firmaron el tratado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta. En Argentina fue aprobado mediante la Ley 25.243, sancionada en marzo de 2000, que estableció un marco jurídico para facilitar actividades mineras dentro de una zona fronteriza definida por coordenadas geográficas.
El acuerdo no crea un territorio binacional ni reemplaza las normas internas. Cada país conserva su soberanía, el control de los bienes ubicados en su territorio y la aplicación de sus propias reglas mineras, laborales, tributarias y aduaneras. Su función es ordenar situaciones en las que una iniciativa necesita atravesar la frontera, utilizar infraestructura del país vecino o coordinar tareas entre organismos de ambas partes.
Cómo funciona el acuerdo entre Argentina y Chile
La incorporación al régimen no es automática. Una compañía debe presentar su proyecto y detallar qué facilidades necesita para operar. Entre ellas se encuentran el movimiento de personal, maquinaria e insumos, la implementación de controles integrados de frontera, el establecimiento de servidumbres transfronterizas y el acceso a infraestructura.
A partir de esa presentación, la Comisión Administradora, integrada por autoridades de Minería y Relaciones Exteriores, evalúa la solicitud. Las empresas aportan información, pero las decisiones y los controles permanecen en manos estatales.
Cuando la evaluación resulta favorable, las condiciones se fijan en un Protocolo Adicional Específico. Ese documento delimita el área de operaciones y define los procedimientos aplicables. El esquema puede incluir coordinación aduanera, tributaria, migratoria y laboral, junto con controles integrados para el ingreso y la salida del área autorizada.
Por qué el tratado volvió al centro de la agenda minera
Durante años, la Comisión Administradora tuvo una actividad limitada. Sin embargo, la aparición de proyectos de mayor escala en la Cordillera volvió a plantear la necesidad de contar con procedimientos más ágiles y una coordinación sostenida entre los gobiernos.
En mayo de 2026, el Ministerio de Minería de Chile anunció que las sesiones serían retomadas. El paso formal llegó el 8 de julio, cuando se realizó en Buenos Aires la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora. Durante el encuentro, las autoridades mencionaron infraestructura, puertos, logística, proveedores, ingeniería e innovación como posibles ámbitos de cooperación.
Los grandes desarrollos de cobre explican parte del interés reciente, aunque el alcance del tratado es más amplio. Para el litio, su reactivación puede abrir canales para discutir corredores, energía, pasos fronterizos y servicios compartidos.
Caminos, energía y puertos para el litio argentino
El Portfolio Lithium 2026 muestra que gran parte de los proyectos avanzados del país se concentra en la Puna de Salta, Jujuy y Catamarca. La cercanía de estos desarrollos con la frontera chilena vuelve especialmente importante contar con rutas cordilleranas, pasos internacionales y conexiones con los puertos del Pacífico.
En Salta, uno de los principales ejes logísticos es la Ruta Nacional 51, que conecta la zona minera de la Puna con el Paso de Sico. El Gobierno provincial gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo un financiamiento de hasta US$100 millones para pavimentar 91 kilómetros entre Campo Amarillo y la frontera. El trazado atraviesa el área del Salar del Rincón y el proyecto contempla además un centro de control de cargas y sistemas de conectividad para zonas remotas.
Jujuy cuenta con otra salida hacia Chile a través de la Ruta Nacional 52 y el Paso de Jama. Tal como informó el propio Gobierno de Jujuy, esta conexión permite vincular la provincia con Antofagasta y con los puertos del norte chileno, utilizados por empresas de la región para sus operaciones de comercio exterior. La posibilidad de transportar producción e ingresar equipos por esta vía puede acortar recorridos y ampliar las alternativas frente a las terminales del Atlántico.
El uso de estos corredores depende, sin embargo, de algo más que la distancia. Requiere rutas transitables durante todo el año, pasos fronterizos con capacidad para procesar cargas, servicios para los transportistas y coordinación entre aduanas y organismos de ambos países. El tratado puede aportar un marco para ordenar estos procedimientos cuando una iniciativa necesite utilizar infraestructura situada a ambos lados de la Cordillera.
La cooperación entre ambos países también podría extenderse al abastecimiento energético. En este sentido, Argentina y Chile analizaron la posibilidad de aprovechar la disponibilidad de gas del lado argentino y la oferta eléctrica existente en el norte chileno. Para los proyectos de litio, que suelen operar en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, una mayor conexión entre redes y servicios podría facilitar nuevas inversiones y reducir algunas de las limitaciones asociadas con la ubicación.
Nuevas oportunidades para proveedores e inversores
Una mayor integración puede ampliar el mercado para empresas de transporte, ingeniería, construcción, mantenimiento, tecnología, laboratorios y gestión aduanera. Los proyectos de litio requieren una red extensa de servicios y varios proveedores podrían trabajar con operaciones ubicadas en ambos países.
Chile cuenta con infraestructura portuaria y una cadena de servicios mineros consolidada, mientras que Argentina incorporó nuevos proyectos de litio y aumentó su capacidad instalada. La articulación entre ambas cadenas de valor puede reducir duplicaciones y favorecer asociaciones empresariales.
El nuevo escenario plantea una oportunidad para los proveedores argentinos, aunque el acceso al mercado vecino no será automático. Para ello, será necesario avanzar en habilitaciones, estándares técnicos, financiamiento y mecanismos de contratación que les permitan competir en condiciones razonables.
En cuanto a los inversores, uno de los principales beneficios radica en la previsibilidad. Conocer la ruta de los insumos, el puerto disponible y los controles permite estimar mejor los costos y los plazos.
Los desafíos para llevar la integración a la práctica
El tratado brinda una herramienta jurídica, pero cada proyecto todavía debe atravesar evaluaciones nacionales, provinciales y binacionales. Cuando intervienen aduanas, migraciones, autoridades mineras, organismos tributarios y áreas de infraestructura, los tiempos pueden extenderse si no existe una secuencia clara.
A esto se suman las diferencias de costos entre los dos países. Por ejemplo, algunos empresarios vinculados con la cadena de proveedores de San Juan advirtieron que las condiciones logísticas, tributarias y financieras podrían dejarlos en desventaja frente a empresas chilenas. Por eso, la aplicación del acuerdo requerirá reglas que faciliten la circulación sin desplazar a la cadena local.
A su vez, habrá que definir si ciertos procedimientos pueden aplicarse a corredores y distritos con necesidades similares. Una ventanilla binacional y plazos conocidos ayudarían a evitar trámites repetidos.
Para el litio argentino, el beneficio no estará en la firma de nuevos documentos, sino en la posibilidad de mover cargas, contratar servicios y acceder a infraestructura con menos incertidumbre. La Cordillera seguirá siendo una frontera física, pero el desafío será evitar que también se convierta en una barrera operativa.
