Para sorpresa de muchos, la empresa argentina Lition Energy logró lo que parecía imposible: con el apoyo de la comunidad aborigen de Lipán, la compañía comenzó a explorar litio en la zona de Salinas Grandes.
Comunidades vecinas a la zona, una región que por diversos intereses siempre se mostró contraria a las oportunidades de desarrollo del litio, miran de reojo lo que ocurre en Lipán, donde Lition Energy viene trabajando en conjunto con la comunidad local.
Fuentes conocedoras de los trabajos realizados en Lipán valuaron en unos 500 millones de pesos las obras y desembolsos que la empresa ya realizó en la comunidad aborigen. Consultados por Litio Argentina, en la compañía declinaron confirmar el dato.
Según pudo saber este portal, Lition Energy viene trabajando desde principios del año pasado en 4 ejes junto a la comunidad: educación, obras de infraestructura, capacitación y empleo.
“Están trabajando en un nuevo sistema de agua para la comunidad, con un nuevo sistema de potabilización, capacitaron a mujeres en un proyecto de tejido, becaron a una veintena de chicos para que estudien, donaron computadoras, están haciendo algunas construcciones… es una verdadera revolución en Lipán”, dijo una fuente al tanto de los trabajos, que prefirió mantener su nombre en el anonimato.
Como adelantó Litio Argentina, la compañía ya realizó los estudios geofísicos en Salinas Grandes, que consistieron en la utilización de cuatro receptores que, unidos a través de cables y desplegados sobre el terreno a analizar, captaron las ondas en el subsuelo para inferir la presencia de salmuera profunda en donde se encuentra presente el litio.
Para desarrollar estos trabajos, Lition Energy empleó a cuatro personas de la comunidad de Lipán, que fueron capacitados previamente para poder cumplir con sus tareas junto a técnicos y geólogos especialistas.
Además, Lition Energy brindó trabajo a otras ocho personas para diferentes proyectos de responsabilidad social que está llevando a cabo en Lipán, como la mejora del sistema de agua potable, entre otros.
Por los antecedentes de movilizaciones violentas en contra del desarrollo de tareas relacionadas a la exploración y producción de litio en la zona de Salinas Grandes, los miembros de la comunidad de Lipán no solo aprobaron los trabajos de exploración en sus tierras sino que exigieron a través de un comunicado manuscrito y firmado por ellos mismos que se respete su decisión, advirtiendo que no permitirán injerencia de ningún tipo por parte de otras comunidades vecinas, organizaciones y toda otra persona que no represente los intereses de los pobladores.
“Como comunidad aborigen, solicitamos se respete nuestra decisión, otorgada de manera libre y consciente de nuestros deberes y derechos, por lo que repudiamos todo tipo de injerencia por parte de comunidades vecinas, organizaciones y otras personas que no respetan la decisión de la comunidad aborigen de Lipán”, afirma el texto difundido.
Algunos miembros de comunidades vecinas, todavía detractores de las oportunidades de desarrollo en la históricamente postergada puna argentina, esgrimen un documento que no tiene validez legal llamado Kachi Yupi. En este se indica que todas deberían estar de acuerdo para apoyar proyectos de, por ejemplo, litio en la zona. Entre los agradecimientos de este documento figura la FARN (Fundación Ambiente Recursos Naturales), que es una organización que tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que respalda a las comunidades opositoras al litio (y a muchos otros proyectos de desarrollo) en Jujuy y otros lugares de la Argentina.
Litio Argentina consultó a Gonzalo Castañeda Nordmann, abogado especialista en Derecho Minero. Su visión fue clara y respaldada en el decreto 7751 de Jujuy, el único marco legal vigente que deben cumplir todas empresas para iniciar un proyecto de litio.
El decreto 7751 detalla una serie de pasos que incluye la presentación del proyecto a la comunidad de influencia directa, que es indicada a través del Juzgado de Minas de la provincia de Jujuy. Esta consulta debe ser previa, libre e informada -como marca el Convenio 169 de la OIT- y es no vinculante, quiere decir que no se necesita “autorización” de la comunidad para avanzar con el proyecto; sin embargo, es usual que las empresas busquen el apoyo de la misma para lograr la licencia social y poder desarrollar sus operaciones, como sucedió con la comunidad de Lipán.
El caso de Salinas Grandes y el Kachi Yupi
El reclamo de las comunidades de Salinas Grandes que están en contra del litio es en contra de las comunidades de la zona que sí apoyan el desarrollo de proyectos en sus tierras. Las comunidades “anti litio” aseguran que las comunidades “pro litio” no respetan el documento Kachi Yupi.
Sin embargo, Nordmann aclara que el documento Kachi Yupi no está contemplado en la ley y no tiene validez alguna al momento de iniciar un proyecto minero. “El Kachi Yupi es un documento creado por comunidades, para comunidades. No es ni debe ser entendido como ley para el gobierno, ni frente a terceros. Caso contrario nos encontraríamos con una nación dentro de una nación; nadie más que el Estado tiene la facultad de dictar las leyes y normas; ya que (conforme la constitución) el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Entonces, mal se puede derogar algo que no es obligatorio ni tiene fuerza legal. Ningún habitante de la Nación puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y en esto hay que ser categórico”, aclara el abogado.
De esta manera, de acuerdo a la legislación vigente, el Kachi Yupi carece de validez en el proceso de aprobación de proyectos de litio, más allá de las presiones que puedan ejercer diferentes comunidades apoyadas por la FARN, que paradójicamente figura entre los agradecimientos del mencionado documento.
